Ley Valech
Senador Carlos Ominami solicitó al gobierno un proyecto que resuelva la situación actual donde la beca de educación se entrega al beneficiario de la reparación y con un tope máximo de arancel de $1.150.000.
Su preocupación por la forma en que se está resolviendo -a través de la Ley de Presupuesto- la transmisibilidad y montos de la beca establecida en
Explicó que “el Gobierno debe presentar un proyecto, al más breve plazo, para resolver la actual situación ya que la beca de educación sólo se entrega a un beneficiario de la reparación y con un tope máximo de arancel de $1.150.000, independiente del número de hijos sobrevivientes".
El parlamentario planteó a la Ministra de Educación, Mónica Jiménez que el monto límite establecido en la iniciativa es insuficiente, para los efectos de pagar los aranceles, ya que en promedio un arancel universitario supera $1.500.000.
Agregó que “por tratarse de una solución contemplada en la Ley de Presupuestos se genera además un alto nivel de incertidumbre para los beneficiarios”.
Por ello, recalcó que “se debe abordar por la vía legal la modificación pertinente, estableciendo la transferencia completa de este beneficio, a quienes el beneficiario estime conveniente”.
Puntualizó que “es importante tener presente que este beneficio establecido en
Cabe recordar que, la denominada Ley Valech contempló una serie de reparaciones y beneficios en salud y educación para las 28 mil víctimas de torturas y prisión política, cuyos testimonios fueron recogidos por
De este modo, existen tres tipos de mecanismos de reparación de las víctimas de prisión política y tortura: una pensión de reparación, un bono y beneficios médicos y educacionales. La pensión de reparación beneficia a las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
En relación a los beneficios educacionales, el Estado garantiza la continuidad gratuita de los estudios, sean de nivel básico, medio o superior, a aquellas personas beneficiarias de la pensión o el bono ya señaladas, y que por razón de prisión política o tortura, vieron impedidos sus estudios.
Los beneficiarios que soliciten completar sus estudios de educación básica y media, deberán hacerlo conforme a las normas de enseñanza de adultos.
Por su parte, los beneficiarios que soliciten continuar sus estudios de enseñanza superior en instituciones de educación superior estatales o privadas reconocidas por el Estado, tendrán derecho al pago de la matrícula y del arancel mensual.
