En votación divida el Senado aprobó un proyecto de acuerdo presentado por los senadores Jaime Naranjo y Carlos Ominami, luego que el Ejecutivo decidiera retirar de trámite la iniciativa que creaba el Instituto de Derechos Humanos.
Con 8 votos a favor, 3 en contra y la abstención del senador Antonio Horvath, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo en el que solicitan a la Presidenta de la República el envío de una iniciativa legal que permita reabrir la Comisión de Prisión Política y Tortura, y ampliar su ámbito de cobertura para que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentran reconocidos.
Votaron a favor los senadores Jaime Gazmuri, José Antonio Gómez, Pedro Muñoz, Jaime Naranjo, Carlos Ominami, Mariano Ruiz- Esquide, Guillermo Vásquez y Adolfo Zaldívar; mientras que en contra lo hicieron los senadores Jorge Arancibia, José García y Evelyn Matthei.
El proyecto de acuerdo aprobado, fue presentado por los senadores Carlos Ominami y Jaime Naranjo, luego que el Ejecutivo decidiera retirar de trámite legislativo el proyecto que crea un Instituto de Derechos Humanos y que ampliaba el plazo para que la Comisión de Prisión Política y Tortura recabara nuevos antecedentes.
En lo fundamental, solicita a la Mandataria que implemente las medidas legales correspondientes con el fin de reabrir la denominada comisión Valech.
Ello, con el fin de que puedan entregar sus testimonios todos aquellos ex presos políticos que no concurrieron con anterioridad y que las viudas de los ex presos políticos que fueron calificados anteriormente puedan acceder a la pensión del causante.
Asimismo, buscan que el beneficio de la beca de estudio a la cual tienen acceso los ex presos políticos calificados, pueda ser traspasado a un hijo o nieto.
RECONOCIMIENTO
Según el texto, es indispensable que se cree una nueva comisión o se amplié el ámbito de cobertura de la Comisión de Prisión Política y Tortura, de tal forma que puedan ser calificados los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que no se encuentran reconocidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación u otra instancia de tal forma que sus familiares puedan acceder a una justa reparación.
Agrega que tras el retiro del proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos, se hace urgente buscar una solución a aquellas víctimas y sus familiares que en su oportunidad, y por diversas razones, no concurrieron a entregar su testimonio o incluso no fueron calificadas por falta de antecedentes.
En opinión de los senadores, una nueva iniciativa, en este sentido, no demandaría más gastos al Estado, ya que los recursos necesarios para el funcionamiento de esta comisión asesora y para sufragar los gastos de reparación se encontraban contemplados en el presupuesto del fallido Instituto Nacional de los Derechos Humanos.
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