Marco Enríquez-Ominami recibió reconocimiento de exonerados: "Evelyn Matthei debe recordar que es Ministra de Estado y no sheriff. Hoy se requiere serenidad"

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Un reconocimiento por haber sido uno de los primeros en denunciar la existencia de irregularidades en la acreditación de exonerados políticos realizó la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

En una asamblea que reunió a la directiva de la agrupación con un importante grupo de exonerados, el presidenciable solicitó al Gobierno y en particular a la Ministra del Trabajo Evelyn Matthei a actuar con cautela y no estigmatizar a un importante grupo de chilenos.

“Acompañé como diputado en 2008 a esta organización en la Contraloría convencido de que había antecedentes. La Justicia determinará si hay falsos exonerados, pero creo que este Gobierno –al igual que con el tsunami– se excita y se exceda y termina enredándolo todo. Lo que hace Evelyn Matthei es propio de un sheriff. Cree que su Ministerio es un cuartel. Le sugiero a Evelyn Matthei que recuerde que es Ministra de Estado y no jueza, no es un sheriff. Lo que se requiere hoy es serenidad”, señaló Enríquez-Ominami.

El presidenciable añadió: El caso es gravísimo, pero hay dos temas que debemos considerar. Las pensiones en Chile son malas y la política de reparación de derechos humanos es una vergüenza. En ese contexto yo mismo denuncié un posible fraude y hoy me alegro que salga a la luz. Sin embargo, no tengo duda que Matthei está haciendo un aprovechamiento político sistemático de este y todos los temas”.

El Secretario General de la agrupación, Domiciano Soto, señaló: “Como dice Marco, son varios años los que hemos estado peleando por esto. Le damos las gracias a Marco, que siempre nos está apoyando en este sentido. Nos acompañó desde 2008 en adelante, al igual que Karla Rubilar”.

Por su parte, Alejandro Morales, Vicepresidente de la Comisión, señaló: “Yo me siento mal cuando alguien dice que este programa se hizo para defraudar al Estado. Cuidado con lo que se dice, porque este programa fue consensuado con todos los parlamentarios de aquella época. Tuvimos que recurrir a Marco y a diputados de derecha. La Contraloría tiene gran culpa porque no cumplió su rol como debió haber sido”.

Marco Enríquez-Ominami agregó: “La dictadura es tan horrorosa que genera anomalías. Es muy difícil volver a la normalidad. No soy parte de esta guerrilla patética entre la Concertación y la Alianza. No busco rayarle la pintura ni a la Concertación ni al Gobierno. Hay muchos señores y señoras que no han recibido su beneficio y su derecho como exonerado, y es por esto que he acompañado a esta agrupación de hombres y mujeres valientes”.

Consultado sobre los Parlamentarios que firmaron los documentos de los exonerados, el presidenciable respondió: “No creo que lo hayan hecho de mala fe, pero es difícil de comprender que una persona haya firmado 500, 600 ó 1.000 certificados. Serán ellos los que tendrán que responder. Yo fui parte de esa comisión y hay que poner las cosas en su lugar. Nunca en esa bancada se habló de coludirse o de que había un pituto interesante, nunca se habló de obtener votos por esta vía. Soy muy crítico de la Concertación, pero cuidado con hacer caricaturas injustas”.

El candidato presidencial continuará mañana su séptima gira por el país de los últimos 3 años con una visita a la Región de Los Lagos.

Informe auditoría 51,9 MB

Número 81/2012	Fecha 9/05/2013	Tipo de Informe Informe Final de Auditoría
Unidad CGR Auditoría Administrativa		Servicio INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Nivel Central
Área Previsión social
Nombre de Informe INFORME FINAL 81-2012 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SOBRE PAGOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS A EXONERADOS POLÍTICOS - MAYO 2013.
Destinatarios MINISTRO, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTRO DIRECTOR, INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, DIRECTOR NACIONAL MINISTRA, MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL AUDITOR INTERNO, INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL, AUDITOR INTERNO AUDITOR MINISTERIAL, MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, AUDITOR MINISTERIAL  AUDITOR INTERNO, MINISTERIO DEL INTERIOR, AUDITOR INTERNO SUPERINTENDENTE, SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, SUPERINTENDENTE JEFA, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, JEFA UNIDAD DE SEGUIMIENTO JEFE, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, JEFE UNIDAD DE SUMARIOS JEFE AUDITORIA INTERNA, SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, JEFE AUDITORÍA INTERNA
Objetivos La fiscalización tuvo por objeto verificar los antecedentes que dicen relación con el cumplimiento de los requisitos objetivos establecidos en Ia ley N° 19.234 y modificaciones, para el otorgamiento de las pensiones no contributivas, efectuado por el actual Ministerio del Interior y Seguridad Publica y el IPS (ex INP), constatando si se cumplieron las condiciones fijadas en la aludida reglamentacion en cuanto a las personas que recibieron los beneficios previsionales, como asimismo, la comprobación de los procedimientos aplicados en los respectivos pagos, entre otras verificaciones que se indican.
Universo De acuerdo con la información recopilada, el Instituto de Previsión Social efectuó desembolsos ascendentes a M$ 142.001.558, por concepto de pago de pensiones no contributivas a exonerados politicos, durante el año 2011, los cuales corresponden a 74.423 personas que recibieron este beneficio, siendo imputados los gastos al Subtítulo 23 "Prestaciones de Seguridad Social"; Item 01 "Prestaciones Previsionales"; Asignación 001, "Jubilaciones, Pensiones y Montepíos", del presupuesto del IPS.
Muestra De dicho universo, se seleccionó una muestra de 9.145 expedientes, equivalente al 12,29% respecto del total de beneficiarios de pensiones otorgadas al 31 de diciembre de 2011.
Conclusiones o Dictamen Atendidos los hechos de que da cuenta el presente Informe Final, cabe concluir que en relación a las observaciones contenidas en el acápite II, Examen de Cuentas, puntos N°s 1.1.1; 1.1.2 y 1.1.3, que dicen relación sobre las deficiencies e irregularidades en que incurrió el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, permitiendo con ello, que la Oficina de Exonerados Políticos, emitiera indebidamente la resolución que califica la calidad de exonerado político, al menos a 3000 postulantes y, por ende, se les concediera los beneficios previsionales derivados de tal calidad, en circunstancias que los solicitantes del beneficio carecían de los requisitos legales para acceder a ese derecho, como asimismo, la situación consignada en el numeral 2.1.1, del mismo acápite II, que dice relación con que el Instituto de Previsión Social ha desembolsado indebidamente M$ 29.616.807, en favor de 5.917 beneficiarios que accedieron a la pensión no contributiva, efectuando pagos con subrogación, sin acreditar la efectiva prestación de los servicios y el pago de las cotizaciones por parte del empleador, esta Contraloría General procedera a incoar un sumario administrativo, a fin de establecer las responsabilidades administrativas que eventualmente pudiesen derivarse de los hechos descritos. Además, con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen tales materias, tanto el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como el Instituto de Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones, han aportado antecedentes e iniciado acciones que permiten subsanar parte de las observaciones formuladas en el Preinforme de Observaciones N° 81, de 2012. No obstante, se mantienen algunas situaciones, respecto de las cuales, las citadas Instituciones deberán adoptar las medidas correspondientes, considerando, entre otras, las acciones que a continuación se indican: MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA 1. Ceñiirse estrictamente a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.234, exigiendo el cumplimiento de cada uno de los requisitos para certificar la condición de exonerado político, evitando con ello, el desembolso de recursos fiscales por pagos indebidos, como ocurrió en la especie. En este orden, cabe reiterar la obligación que le compete en orden a actuar en concordancia con los principios previstos en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 2. Mantener, en lo que le corresponda esa Secretaría de Estado, los expedientes de los postulantes con los antecedentes de la vinculación laboral, acreditando fehacientemente, que estos prestaron servicios como dependientes de las entidades, que la propia ley indica, resultando de esta forma, evidentemente acreditado que la pérdida de la fuente laboral se haya producido con ocasión de su cese de funciones, conforme al artículo 3° de la ley N° 19.234. 3. Elaborar los respectivos manuales e instructivos con las medidas adoptadas en relación a la operatoria que le corresponde a esa Cartera Ministerial y su debida formalización, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3°, de Ia ley N° 19.880, Establece , Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, fortaleciendo con ello, Ia estructura del control interno sobre la materia en análisis. En este orden, procede que mantenga a disposición de este Organismo de Control, el listado de empresas intervenidas, a fin de transparentar Ia materia y adoptar las decisiones correctas sobre la asignación de la pensión no contributiva en cuestión. 4. Evaluar los procedimientos de emisión de las resoluciones de calificación, evitando la emisión de múltiples documentos asociados a una solicitud, con el riesgo de considerar erróneamente el acto administrativo que efectivamente le concede Ia calidad de exonerado político al postulante. 5. Reforzar los controles y corregir los aspectos que dicen relación con las discrepancias encontradas sobre la información consignada en las solicitudes que han sido calificadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Publica, las que deben ser traspasadas al Instituto de Previsión Social, a fin de mantener datos fidedignos y autorizados, para que esta última entidad pueda verificar el cumplimiento de los requisitos previsionales para otorgar en definitiva la pensión no contributiva. 6. Mantener permanentemente actualizados los datos del Sistema de Gestión Documental, con el propósito de que al momento del proceso de calificación se considere toda Ia información que respalda tal decisión, para cada uno de los solicitantes. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL 1. Instruir una investigación sumaria, en relación a los pagos efectuados con posterioridad al fallecimiento del beneficiario, cuyos resultados deberán ser informados a esta Contraloría General, conforme al numeral 7.2.3, de la resolución N° 1.600, de 2008, de este Organismo de Control, que Fija Normas sobre Exención del Tramite de Toma de Razón, para cuyos efectos deberá remitir el acto administrativo que instruya el proceso y designe al Fiscal en el término de 15 días hábiles contados desde Ia fecha de recepción del presente informe. En relación con este punto, deberá efectuar las acciones de cobro, respecto de aquellos pagos realizados con posterioridad al fallecimiento, con Ia finalidad de recuperar aquellos montos mal pagados. 2. Diseñar e implementar procedimientos de respaldo sobre Ia materia en análisis ante posibles reemplazos de proveedores de los servicios informáticos, de forma que se pueda tener acceso a consultar o generar reportes sobre la información histórica del proceso de pagos con subrogación en forma oportuna. 3. Implementar procedimientos de control automáticos o manuales, adicionales a los existentes, en el proceso del cálculo y pago del beneficio de Ia pensión no contributiva por gracia, a fin de que alerten evitando que se generen pagos incompatibles, observando lo previsto en el inciso segundo deI artículo 2°, de Ia ley N° 19.992. 4. Disponer de una interfaz en línea con el Servicio de Registro Civil e Identificación, que le permita contar con información en tiempo real, respecto de las fechas de fallecimiento de los beneficiarios de Ia pensión en análisis, y efectuar así, el bloqueo del pago a tiempo, para aquellos que residen en Chile. Respecto de los que viven en el extranjero, el IPS deberá suscribir convenios con los entes correspondientes, a fin de que le permitan conocer oportunamente su deceso, así como también, deberá arbitrar las medidas de resguardo, que permitan Ia recuperación de aquellos dineros incorrectamente pagados. 5. Analizar los expedientes de los pensionados que han optado al beneficio a través de pagos con subrogación y regularizar todos aquellos casos en los que no se realizó una evaluación de Ia totalidad de los elementos probatorios, para acreditar fehacientemente Ia relación laboral, arbitrando las acciones que corresponda cuando ello no se logre. 6. Exigir la efectiva acreditación de la prestación de servicios y el pago de la cotizaciones previsionales, conforme las disposiciones previstas en los artículos, 3° y 6° de Ia ley N° 19.234, a fin de conceder la autorización del pago con subrogación. En este contexto, requerir el cumplimiento de las instrucciones y procedimientos establecidos en los oficios N' s 1.725 y 15.559, ambos de 2009, de Ia Superintendencia de Pensiones, así como, lo señalado en el dictamen N° 71.068, de 2011, de esta Contraloría General. SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Ejercer a cabalidad sus potestades fiscalizadoras sobre Ia pensión no contributiva, cautelando que los beneficios del sistema sean entregados acorde Ia normativa que los rige, resguardando el tiempo y forma de su concesión. Con todo, cabe hacer presente que de acuerdo con las políticas de fiscalización de este Organismo Contralor, se verificará en una auditoría de seguimiento, Ia implementación e integral cumplimiento de las medidas informadas por esa Entidad, asi como las instruidas por esta Contraloría General. No obstante lo anterior, los Servicios involucrados deberán informar a esta Entidad de Control, respecto de las acciones adoptadas para subsanar lo observado, en el plazo de 60 días hábiles contados desde Ia recepción del presente Informe.
Documentos Adjuntos INFORME FINAL 81-12 INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL SOBRE EXAMEN DE CUENTAS RELATIVO A LOS PAGOS DE P.PDF

LA SALUD ¡ NO !

Aprovechando que el terremoto destruyó numerosos hospitales y consultorios, dejando a otros muchos con daños severos, el Gobierno está lanzando un basto plan para reconstruirlos mediante concesiones a empresas privadas.

Sostiene que se entregan al sector privado porque Chile no tiene dinero para reconstruirlos directamente. Pero todos sabemos que Chile ha acumulado muchos miles de millones de dólares en los últimos años con las ganancias de CODELCO. Y si , por alguna razón esto no fuera suficiente, nuestro país puede pedir créditos al extranjero, con condiciones muy ventajosas, gracias a la sólida posición internacional de que gozamos.

O sea, el Gobierno no necesita entregar esa reconstrucción a las empresas privadas.

¿Cuál es el objetivo entonces?

En primer lugar, que lo que se quiere entregar no es sólo la construcción de los edificios, sino el equipamiento y todas las actividades y servicios que prestan estos establecimientos, con excepción de lo estrictamente médico, empezando por la Dirección de los hospitales que pasarían a manos de Gerentes. Si esto se lleva adelante, quienes nos atendemos en la salud pública (el 70 por ciento de los chilenos) tendremos que empezar a pagar desde los estacionamientos hacia arriba. Porque en las concesiones el que paga no es el gobierno sino el que las usa (como en las carreteras concesionadas). Después de que antes de los años 90, se privatizaran los servicios básicos; la previsión (AFP); la educación; los bancos; etcétera, con los resultados que cada uno de nosotros sufre a diario, el único gran y rentable sector público, que ha escapado a los privados, es la Salud Pública.

Es un “negocio” de cientos de miles de millones de pesos al año que se quiere entregar a los privados, con enormes ganancias para ellos y pérdidas equivalentes para cada uno de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. (Las concesiones se entregan por 25 a 30 años).

Queda claro entonces que lo que aquí realmente se intenta, es privatizar la salud pública.

Para ello, paralelamente con el uso del mecanismo de concesiones, se desarrolla una masiva campaña comunicacional, por todos los medios, para desprestigiar la salud pública. Se destaca el “desfinanciamiento” de los hospitales públicos y las listas de espera, achacándolos a “mala gestión”.

La verdad es muy simple y distinta : el Fisco (vía FONASA) le paga a los hospitales públicos menos de lo que cuestan las prestaciones de salud. Para muestra un botón :

Por el uso de una cama básica FONASA paga al hospital público

$28.500 por día, mientras a las clínicas privadas paga $70.000.-

y más. Y así con el resto de las atenciones.

Por otra parte (y esto es una política no solamente de este gobierno) se le niega a los hospitales públicos la contratación de todo el personal necesario de acuerdo a su capacidad. (En estos días el Colegio Médico ha señalado que el sistema público necesita 1.700 especialistas).

Vale decir, con estas dos simples medidas : a) pago a los establecimientos públicos de las atenciones en salud a su costo real ; y b) Otorgamiento de las plazas de personal que necesitan, se terminarían las listas de espera y desaparecería el desfinanciamiento.

Porque la gestión de los hospitales públicos, salvo talvez alguna excepción, es excelente, tenida en cuenta las carencias con que se les obliga a trabajar.

Por lo demás, con la aprobación por el Parlamento (todos los partidos políticos) de varias leyes (De autoridad sanitaria, etc.) hace más de 5 años se echó a andar una profunda Reforma de la Salud, que ha permitido el desarrollo que hemos visto y que debe continuar.

Así entonces, S.E. el presidente Sebastián Piñera mediante una simple desición como es aumentar anualmente en un 1% del Producto Interno Bruto el Presupuesto de Salud, puede entrar en la Historia de Chile como el mandatario que entregó a los chilenos una salud de país desarrollado. O pasar a la historia, como el presidente que desmanteló la salud pública y la entregó al negocio privado.

En esta situación, solamente los ciudadanos movilizados como para la campaña del NO, del año 88 , podemos parar la amenaza y proteger nuestra salud futura. La salud no se privatiza.

LA SALUD ¡ NO !

NUESTRO PROBLEMA PRINCIPAL.

Asociación Nacional de Usuarios PRAIS

NUESTRO PROBLEMA PRINCIPAL.

22 de julio de 2010.

Compañer@s :

Comprendiendo lo sensible que es para nosotros el tema de la impunidad de nuestros represores, ahora promovida por la vía de los indultos; las urgencias y problemas derivados del terremoto y maremoto; los recortes presupuestarios que pueden deteriorar más nuestro débil Programa PRAIS.

Debemos concentrar nuestro accionar, poner todo nuestro esfuerzo, sacar las fuerzas que no hemos movilizado desde los años del gobierno del pueblo con Salvador Allende, para DEFENDER LA SALUD PUBLICA.

Este y no otro es el principal peligro y el problema principal de Chile : LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD PUBLICA.

En efecto, aprovechando que el terremoto destruyó un gran número de Hospitales y Consultorios y dañó severamente otros tantos, la derecha ha iniciado un proceso de privatización de la salud pública, por la vía de concesionar la reconstrucción de esas instalaciones. Apoyándose en que existe una Ley de Concesiones, por lo que estas no requieren ser aprobadas por el congreso; y de que esa Ley le permite concesionar todo, el gobierno ha iniciado un nuevo proceso de concesiones en el sector salud, con la diferencia de que ahora las concesiones incluirán todo (construcción, equipamiento, Dirección (Gerentes en lugar de médicos especialistas en salud pública), mantención, alimentación, esterilización, todos los demás servicios, estacionamientos, cafetería, comedores, florerías, ópticas, máquinas dispensadoras, en fin, todo lo que signifique negocio; excepto lo estrictamente médico por supuesto, porque eso no deja ganancias).

Y esto sería definitivo, independientemente del gobierno que siga. Sea quien sea, Marco, otro o aún la propia Michele Bachelet. Por la sencilla razón de que las concesiones son a 25 y 30 años. Y ya tenemos la experiencia de la anterior dictadura de la derecha (Con Pinochet) en que lo privatizado (más bien robado) no se ha podido recuperar a pesar de los 20 años de gobiernos no derechistas.

El gobierno argumenta la falta de fondos, pero todos sabemos que es sólo una excusa, por cuanto el país posee dinero de sobra para financiar toda la reconstrucción con los miles de millones de dólares aportados al país por Codelco. Y si por alguna razón estos no fueran suficientes, el país tiene crédito abierto en todo el mundo con condiciones muy ventajosas, gracias a la posición internacional ganada en los últimos 20 años.

Si el estado asume directamente la reconstrucción, como debe ser, y pidiera crédito, el costo para los chilenos sería el monto del crédito más el interés. Si por el contrario se entrega a privados, el costo será el crédito más los intereses máximos y más la ganancia de los privados. Más claro echarle agua.

Pero como además se les entregaría la explotación por 25 a 30 años, la salud del 70% de los chilenos que nos atendemos en el sistema público se nos encarecería muchísimo más, ya que nos cobrarían desde el estacionamiento hacia arriba.

Por otra parte, para terminar de convencer a la población y aprovechando el control absoluto de los medios de comunicación por la derecha, se ha lanzado una campaña brutal y por supuesto con falsedades (al más puro estilo nazi) contra la salud pública. De manera central se destacan el desfinanciamiento de los hospitales y las largas listas de espera, atribuyendo ambos a la “mala gestión” de la salud pública. ¿Cuál es la verdad?

La verdad es que a los establecimientos públicos de salud el estado les paga las atenciones a un precio inferior al costo de las mismas, mientras que a los privados les sobrepaga las mismas atenciones. Basta un solo ejemplo : por un día de cama UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) al hospital público FONASA le paga $109.000.- mientras que a uno privado le paga desde $400.000.- hacia arriba.- Esa es la razón fundamental del desfinanciamiento de los establecimientos públicos.

Otra razón, que también explica las listas de espera, es que, siguiendo la política iniciada durante la dictadura de reducir al máximo a los empleados públicos, no se autoriza a los hospitales públicos la contratación de todo el personal de acuerdo a su capacidad. Los pabellones quirúrgicos y otros servicios de gran complejidad funcionan solamente de 8 a 17 horas (salvo un pabellón de Urgencias que funciona las 24 horas) porque no se autorizan las plazas de especialistas necesarios para usarlos el resto del tiempo. De hecho hace pocos días el Colegio Médico ( a quien nadie puede culpar de estatista) afirmó públicamente que se necesita contratar a 300 especialistas para los servicios de urgencias y otros 1400 especialistas para el resto de las labores de los hospitales públicos.

De manera que si el estado le pagara a los establecimientos del sistema público el costo real de las prestaciones de salud y contratara el personal debido, se terminaría el desfinanciamiento y lo más importante, se terminarían las listas de espera.

Otro elemento a tener muy en cuenta : en los últimos diez años se aprobaron en el parlamento (por todos los partidos, incluidos los de derecha) varias leyes de salud ( la de autoridad sanitaria, la del auge, etc.) que han significado la puesta en marcha de la mayor y más profunda Reforma de la Salud, desde la impulsada por Salvador Allende por allá por 1950. Gracias a ella están en proceso de normalización ( o sea de nueva infraestructura, equipamiento, mantenimiento, dotación de todas las especialidades complejas, de personal actualizado, de las últimas tecnologías, de manera de quedar a nivel de la norma mundial -así como la norma ISO 9000 de las empresas- por eso se llama normalización) en una primera etapa los 30 hospitales de mayor complejidad del país. Se inició un poderoso proceso de desarrollo de la salud pública que está a la vista, en la dirección correcta y que debe seguir.

Si por el contrario, se impone la privatización vía concesiones, no sólo se detendrá este proceso sino que se encarecerá enormemente toda la salud, a costa nuestra por supuesto.

Este proceso, de imponerse, nos afectará a todos. No solamente a la población de lo establecimientos que se privaticen. Porque cuando estos empiecen a funcionar harán subir los precios de todos los demás.

Finalmente, como esto no pasa por el parlamento y como los partidos están preocupados de sus peleas internas, no podemos esperar que ellos lideren la defensa de la salud pública. Por lo tanto somos los ciudadanos y nuestras organizaciones poblacionales, sindicales, asociaciones de todo tipo, etc. los que debemos iniciar un gran movimiento que ojalá muy pronto involucre a los partidos progresistas para generar una movilización similar a la Campaña del NO del año 88.

Si no somos capaces de iniciar esto nosotros, es un hecho que la derecha robará lo último grande y tan vital como es la salud, que nos va quedando como patrimonio público.

Nuestro PRAIS Alejandro Arévalo ya se puso en campaña y está organizando conferencias, contactando gremios, difundiendo el tema, intercambiando información etc. Iniciamos el trabajo con la gente de la salud, de la universidad, de las organizaciones sociales que integran el Consejo Consultivo de Usuarios del Hospital, entrega de información en la calle, uso de Internet, facebook,etc.

Con el mismo propósito envío a ustedes esta comunicación, junto con el texto “La Salud NO”, que pensamos puede ser el eslogan de la campaña y que por lo mismo está escrito en lenguaje común , breve y amplio. Además, otra serie de documentos que entregan abundante información sobre el tema

Cuento con su respuesta a la mayor brevedad.

Con un gran abrazo

Héctor Montecinos Allende

Presidente

Privatización de la Salud Pública

Privatización de la Salud Pública

Sigue la pugna entre los Dirigentes de la Coordinadora de la Salud y el Gobierno por el plan destinado a concesionar la reconstrucción y construcción de los centros asistenciales de la red de salud pública en nuestro país, y que según la autoridad, comenzará el segundo semestre de este año.

Así al menos, lo dio a conocer el Ministerio de Salud a los máximos dirigentes de esta Coordinadora, que integran gremios como la Fenpruss, Fentess, Confenats, Fenats Unitaria y Fenfussap, la semana pasada en una reunión que sostuvieron en las dependencias del Minsal.

En lo concreto, el Gobierno informó acerca de los alcances del plan, y que según el presidente de la Fenpruss, Claudio González podría terminar dividiendo la atención integral que prestan los servicios de salud y por ende, deteriorar la red en que opera el sistema.

Alcances del Plan de Concesiones

Según González, la autoridad definió los niveles de la Concesión de acuerdo al negocio asociado que conlleva la construcción de un centro asistencial. Para mayor claridad, explicó las distintas etapas:

Diseño.- se planea externalizar el diseño de los centros asistenciales que se construirán a alguna empresa internacional. Mientras, que los diseños que ya estén listos desde antes, serán revisados por las empresas interesadas y su información será utilizada como insumo. Lo que se quiere evitar, según la autoridad, es que se repitan malas experiencias como lo acontecido con la concesión de las cáceles.

Construcción.- tanto la construcción como el mantenimiento de la infraestructura del centro asistencial, estará a cargo de la empresa concesionada, y el plazo del contrato será de 25 a 30 años. No existe claridad, acerca del futuro de los trabajadores que en la actualidad desarrollan funciones de mantenimiento en aquellos hospitales que se concesionarán.

Equipamiento.- todo el equipamiento de los centros asistenciales, así como su mantención, estarán consignados en los contratos que se firmen como una cláusula, y la duración será igual al tiempo en que dure dicho contrato.

Actividades anexas.- se plantea implementar distintos servicios o actividades anexas en el entorno de los hospitales, así como también la existencia de centros de salud privados cerca de los centros de salud. Estas actividades serán reguladas a partir de las concesiones y de las oportunidades de negocio que se establezcan.

Actividades industriales.- se definen como todas aquellas actividades que son necesarias para el funcionamiento de un hospital como: lavandería, alimentación, aseo, esterilización, seguridad, entre otras. La autoridad plantea la concesión de estas funciones al sector privado, e implementar un programa de incentivo al retiro o traslado del personal sanitario que las desarrolla, a otro establecimiento.

Actividades clínicas de apoyo.- son todas aquellas actividades relacionadas directamente con la atención clínica de los pacientes o usuarios del sistema público de salud. Si bien la autoridad, no entrega información respecto a qué tipo de actividades serían las consideradas “clínicas de apoyo”, señala que serían el límite de las concesiones.

Actividades clínicas.- son todas aquellas actividades contempladas dentro del giro principal del negocio, donde interviene, médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, y aquellas profesiones directas que se relacionen con el usuario.

Además, el ministerio informó sobre los proyectos de concesión en marcha, que dividió en tres grupos, según su grado de avance.

Primer grupo: construcción vía concesión de los hospitales nuevos de la Florida y Maipú. Cuyas bases de concesión se encuentran listas y disponibles en el sitio Web del MOP.

Segundo grupo: proyectos Hospitales Salvador, Sótero del Río, Félix Bulnes y Quilicura. Estos proyectos se encuentran aún en estudio en el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Tercer grupo: proyectos en etapa de diseño de las bases de concesión y operación. De los 10 hospitales instruidos por Ejecutivo, se encuentran los hospitales de Antofagasta, Curicó, Angol, Laja y Gustavo Fricke. Los cinco hospitales restantes se definirán en los próximos meses.

Se dijo también, que a la espera se encuentran los proyectos de los hospitales de Constitución, Cauquenes, Parral, Lirquén, Traumatológico y Florida de la VIII región, Temuco y el CARS entre otros.

Mientras, aún no se definen los 56 consultorios que se concesionarán.

Negociado Universitario en Esto no tiene Nombre

08:30 | Esto No Tiene Nombre revela hoy un millonario negocio realizado por una conocida universidad que aceptó realizar cursos con fondos estatales, provenientes de las becas Valech, a personas que incluso eran analfabeta.

http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=66784

REAPERTURA DE LA COMISIÓN VALECH

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN

1.- Personas que hayan sufrido prisión política y/o tortura.

La petición será exclusivamente a título personal. Sólo en casos excepcionales, y cuando pueda probarse la imposibilidad del interesado de hacerlo personalmente, la solicitud podrá ser presentada por un familiar directo, quien deberá acompañar documentos que acrediten el parentesco con la víctima.

2.- Víctimas de desaparición forzada o ejecutados políticos y víctimas de secuestros y quienes hubieren sufrido atentados contra la vida perpetrados por particulares bajo pretextos políticos.

La SOLICITUD DE CALIFICACIÓN y los antecedentes que se acompañen podrán ser presentadas por familiares, sucesores o representantes quienes deberán acreditar parentesco y/o representación y acompañar certificado de defunción si correspondiera; o cualquier persona natural o jurídica que invoque tener conocimiento de hechos de competencia de la Comisión.

3.- Las personas que hubiesen presentado sus antecedentes a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y que no hubieren sido calificadas favorablemente, y los casos que no fueron calificados en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, podrán presentarse nuevamente a calificación si acompañan nuevos antecedentes.

SEDE Y UNIDADES RECEPTORAS

Sede de la Comisión

La Comisión tiene su sede en la Región Metropolitana en Calle Phillips Nº 451, Edificio Presidente, piso 3, comuna de Santiago (Estación Metro Plaza de Armas, línea 5)

Unidades Receptoras de solicitudes:

1.- Región Metropolitana: En la sede de la Comisión (Ubicación)

2.- Otras Regiones del país: Listado de direcciones de las Gobernaciones Provinciales del país. ( ver página del Ministerio del Interior)

Las Gobernaciones Provinciales de la Región Metropolitana y de Isla de Pascua no recepcionarán solicitudes.

3.- Extranjero: Listado de direcciones de los Consulados de Chile en el extranjero. ( ver página del Ministerio de RREE)

Formulario de antecedentes

Las solicitudes deberán presentarse en las siguientes fichas: a) Preso Político y/o Torturado. Descargar Ficha de Ingreso Preso Político y/Torturados. (Incluye Instructivo)

b) Detenido Desaparecido o Ejecutado Político. Descargar Ficha de Ingreso Detenido desaparecido o ejecutado Político. (Incluye Instructivo)

Para quienes no puedan imprimir la ficha desde el sitio WEB:

a) En la Región Metropolitana la ficha se podrá retirar en todas las oficinas del Instituto de Previsión Social IPS -ex INP- y oficinas del PRAIS (Programa de Reparación y Atención Integral de Salud) de la Región. b) En otras Regiones del país, la ficha podrá retirarse en las oficinas de las Gobernaciones ( ver página del Ministerio del Interior) y Oficinas PRAIS.

Las personas que presenten la solicitud en Chile deberán exhibir su cédula de identidad durante la atención.

c) En el Extranjero, la ficha se podrá retirar en los Consulados de Chile. ( ver página del Ministerio de RREE)

Los solicitantes que realicen la gestión fuera del país, sean chilenos o extranjeros, deberán acompañar copia simple de su documento de identidad.

Comprobante de ingreso

El funcionario de la Unidad Receptora correspondiente, entregará un “Comprobante de Ingreso de Ficha y Antecedentes” al denunciante una vez concluida la recepción de antecedentes.(Comprobante de Ingreso)

Documentos que certifiquen los hechos

Si la persona mantuviere en su poder certificados, escritos judiciales, recortes de prensa, denuncias realizadas en organismos de derechos humanos, entre otros, relacionados con el hecho represivo que denuncia, se solicita acompañarlos en la entrevista. Estos documentos serán reproducidos y/o digitalizados al momento de la entrevista y los originales serán devueltos.

La denuncia presentada en el Extranjero deberá contener la ficha de ingreso en original y los demás antecedentes o documentos deberán acompañarse en fotocopia. Toda la documentación podrá ser ingresada en sobre cerrado y de igual forma se remitirá a la sede de la Comisión.

Solicitud de atención

Las personas interesadas deberán proceder del siguiente modo según su lugar de residencia:

a) Región Metropolitana. Solicitar una hora de entrevista por medio del Fono atención Nº 800 411 400 (servicio sin costo para el usuario, de 9:00 a 18:00 horas). Importante: En la Región Metropolitana no será posible ser atendido sin hora previa. b) En otras Regiones del país. Solicitar una hora de entrevista por medio del Fono de cada Gobernación ( ver página del Ministerio del Interior).

c) En el Extranjero. Concurrir en el horario deatención consular. Los agentes consulares no efectuarán entrevistas y sólo recepcionarán la ficha y demás antecedentes. ( ver página del Ministerio de RREE).

Se solicita concurrir a la entrevista con su documento de identidad.